06/10/11
Un trabajo judicial plagado de errores
La intervención del juez Juan Manuel Yalj fue, desde un primer momento, torpe por donde se la mire: estuvo plagada de errores judiciales. Pero, además, le hizo pagar al Gobierno un costo excesivamente alto en proporción al objetivo que consiguió. Ahora, Yalj separó del medio a la Policía Federal para darle intervención a la SIDE. ¿Qué significa esa última medida? Un intento de sugerir que él no fue partícipe de la maniobra sino que fue víctima de la policía y que, por eso, la saca del medio. Es, sin duda, un intento burdo de despegarse de los hechos. Pero quizá ya sea tarde.
Rubén Sobrero fue detenido por la Justicia sin que existiera prueba alguna. Quienes en el momento de la detención tuvieron acceso al expediente confiaron a este cronista que la decisión se fundaba, apenas, en la sospechosa declaración de un procesado y en la de dos policías. Nada más. Es cierto que no fue Yalj, sino su secretario, que subrogó como interino a Yalj -el mismo, a su vez, interino-, el juez que ordenó la detención. Pero Yalj, si bien estaba de licencia, no estaba internado ni imposibilitado de comprender la dimensión de la decisión y fue él quien, anteriormente, había tomado aquellas sospechosas declaraciones que le permitieron desembocar en el arresto. ¿Quién es Yalj? Es un abogado que fue nombrado juez interino en el juzgado de primera instancia de San Martín y que, sin haber llegado nunca a ser juez titular, ya está a punto de ser designado juez de la Cámara Federal de San Martín. Sólo le falta que la presidenta Cristina Kirchner estampe su firma. ¿Qué pensará la primera mandataria del diputado Carlos Kunkel, que impulsó esta designación? El Consejo de la Magistratura es un organismo tragicómico, que permite este tipo de alumbramientos. Pero cabe imaginar que la Presidenta no estará contenta de entronizar a un hombre que, habiéndose aparentemente prestado a un juego político, hizo tanto ruido al prestar su servicio. Cualquier mandatario sabe que la influencia sobre los jueces siempre debe ser discreta. El asunto tiene, además, un costado político. ¿Fue el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien le dijo al magistrado Yalj lo que había que hacer? ¿Fue la empresa TBA, de la que es accionista Claudio Cirigliano, un empresario cercano al Gobierno? ¿Podía el ministro de Planificación, Julio De Vido, haber desconocido esa movida, si es que realmente la hizo Cirigliano? ¿No era, curiosamente, el grupo Cirigliano el que supuestamente pagó dádivas al secretario de Transporte, Ricardo Jaime? ¿Pudo Pablo Schiavi, que reemplazó a Jaime en la Secretaría de Transporte, haber desoído tantas alarmas? Y finalmente, si la Policía Federal fue la que urdió esta ramplona maniobra, ¿pudo haberlo hecho a espaldas de la ministra de Seguridad, Nilda Garré? El objetivo logrado fue pequeño: se detuvo a un dirigente de segunda línea. La decisión fue escandalosa, por la evidencia de su arbitrariedad. Y también devolvió al centro de la escena, por instantes, a Hugo Moyano, que pretendió hacer una defensa corporativa, a la que el Gobierno debió responderle. La detención produjo al oficialismo un costo excesivo e interrumpió la calma de una campaña electoral que la Presidenta virtualmente ya ganó. (La Nación)